La Comisión de Energía de Puerto Rico emite orden de transacción de titulización para el pago de la deuda de la AEE

Aviso de Vista Pública sobre el Plan Integrado de Recursos para la Autoridad de Energía Eléctrica
7 07America/Puerto_Rico junio 07America/Puerto_Rico 2016
Comisión de Energía de Puerto Rico emite orden de aprobación de tarifa provisional
27 27America/Puerto_Rico junio 27America/Puerto_Rico 2016
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San Juan, Puerto Rico – San Juan, Puerto Rico – La Comisión de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió hoy una Orden de Reestructuración aprobando la Metodología de Cálculo y Mecanismo de Ajuste propuesto por la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (CRAEEPR) para el establecimiento de un cargo de transición, conforme a la Ley 4-2016, conocida como la Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La Orden de Reestructuración emitida por la Comisión es el resultado de un período de evaluación de 75 días, durante el cual la NEPR, junto con los interventores participantes, fueron capaces de obtener concesiones significativas de CRAEE en beneficio a todos los clientes del servicio eléctrico.

La titulización es un mecanismo comúnmente utilizado para colaterizar deuda. En el caso de la AEE, este concepto reduciría los costos para los clientes de la AEE al permitir que un grupo de bonos existentes de la AEE sean refinanciados a través de bonos de reestructuración emitidos por la CRAEE. Los nuevos bonos de reestructuración reflejarán una reducción del 15% del capital (para los bonos no asegurados), una tasa de interés promedio de 5.22% (en comparación con el 5.86% de los bonos existentes de la AEE) y una moratoria de 5 años para el pago de intereses. A cambio, la transacción de titulización proporciona un mecanismo de repago seguro el cual reduce la incertidumbre y aumenta la confianza del mercado en la condición financiera de la AEE. Esta acción reducirá los costos de capital de la AEE y, a su vez, reduce por aproximadamente $867 millones los costos que de lo contrario asumirían los clientes.

El cargo de transición que resultará como parte de la aplicación de la metodología aprobada por la Comisión aparecerá como un nuevo renglón en la factura de cada cliente una vez emitidos los bonos de reestructuración.  No obstante, este cargo no sería mayor de lo que el consumidor pagará una vez la Comisión establezca nuevas tarifas en un procedimiento de revisión tarifaria.  Dado que las tarifas eléctricas actuales de la AEE no se han revisado desde 1989, estas no reflejan la deuda contraída para financiar inversiones de capital desde ese año ni proveen fondos suficientes para financiar el aumento en los costos operacionales, asunto que ha contribuido a la actual situación financiera de la AEE.

La transacción de titulización no recupera costos en exceso de aquellos que la AEE debe recuperar de parte de sus clientes; ni da lugar a la AEE a incurrir en una deuda adicional. Es más bien un medio para asegurar el pago de la deuda actual a los mismos bonistas participantes, a cambio de éstos aceptar una reducción de 15% en el valor nominal de su deuda y una tasa de interés más baja. Debido a que la AEE, es una corporación pública sin fines de lucro, propiedad del gobierno; los costos relacionados a la deuda deben recuperarse a través de sus clientes, a diferencia de utilidades que son propiedad de inversionistas donde una parte de sus costos es absorbida por sus accionistas.

La transacción de titulización identifica una porción del total del pago del cliente (alrededor del 12% en el primer año), que la AEE debe tratar de manera diferente del resto de pago del cliente. En concreto, la AEE debe separar los pagos de transacción de titulización del resto de sus ingresos, para luego transferir los pagos a los tenedores de bonos sin demora. Ese es el propósito del mecanismo de la transacción de titulización – separar los fondos para el repago de la deuda de los fondos generales de la AEE, y lograr que el dinero sea transferido sin demora. 

Inicialmente, la metodología de cálculo aprobada por la Comisión resultará en un cargo de transición de 3.10 ¢/ kWh. El mismo se aplicará al consumo bruto de kWh de todos los clientes de la AEE (residenciales, no residenciales, gubernamentales), con dos excepciones:

  1. Para los clientes fijos de bloques de viviendas públicas (según lo dispuesto por la Ley 22-2016), el cargo de transición sólo aplicará al excedente del bloque de consumo kWh aplicable al uso de la electricidad.
  2. Para los clientes de medición neta con derecho adquirido, el cargo de transición aplicará solo a su consumo neto.

Estos ajustes protegen a los clientes de bajos ingresos, así como aquellos clientes de medición neta existentes que hayan efectuado inversiones en generación renovable basadas en la expectativa de que ciertos cargos de la AEE aplicarían a solo su consumo neto. Esto, en conjunto a una metodología de cálculo basada en consumo, que protege los esfuerzos para impulsar estrategias de eficiencia energética y reducción en el consumo, son algunos de los principales cambios logrados por la NEPR y los interventores en este procedimiento.

Sin embargo, la Ley 4-2016 no permitía a la NEPR rechazar la petición aún si entendiera que la AEE debió obtener un mayor ahorro por parte de los tenedores de bonos con el fin de producir un cargo de transición menor. Tampoco requería que la CRAEE demostrara que el cargo de transición propuesto sería el más bajo posible, o que la AEE obtuvo el máximo ahorro de sus bonistas.

 Mientras que la jurisdicción de la NEPR era limitada en este procedimiento, la Ley 57-2014 concede a la Comisión amplios poderes y discreción con respecto a la petición de la AEE para la revisión de nuevas tarifas presentada el 27 de mayo de 2016. Durante dicho procedimiento, la NEPR buscará formas de distribuir adecuadamente los costos entre clases de clientes, promover prácticas administrativas y operacionales eficientes, evitar gastos innecesarios y abordar las preocupaciones y necesidades de todos los participantes de la industria a fin de lograr un mercado eléctrico moderno y en línea con los objetivos económicos, sociales y ambientales de Puerto Rico.

Nota para los editores y reporteros:

Es preciso señalar que por razones estrictamente éticas, y en aras de mantener la imparcialidad y la pureza de este proceso cuasi judicial, los Comisionados de la NEPR no emitirán públicamente comentarios, juicios, ni opiniones sobre la Orden de Reestructuración emitida.

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La Comisión de Energía de Puerto Rico fue creada el 27 de mayo de 2014 por la Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico, con el fin de que investigue, fiscalice y regule la industria eléctrica y todos sus componentes, incluida la Autoridad de Energía Eléctrica, adjudique en primera instancia los casos y las controversias sobre asuntos regulados con la operación y el funcionamiento de la industria eléctrica; asegure la cabal ejecución e implantación de la política pública sobre el servicio eléctrico en el Gobierno de Puerto Rico; vigile y asegure la capacidad, confiabilidad, seguridad y eficiencia del servicio eléctrico, así como la razonabilidad de las tarifas por dicho servicio, entre otros fines.

La Comisión está integrada por un presidente y dos comisionados asociados. La NEPR está localizada en el Edificio World Plaza, Ave. Muñoz Rivera, Piso 7, Suite 702, Hato Rey. La página web de la Comisión es: www.energia.pr.gov.

 

Contacto para la prensa:

Marilyn Vicens

Directora Oficina Comunicaciones y Prensa NEPR

787-297-4762

mvicens@energia.pr.gov

 

Anel M. Alejandro

Oficial de Comunicaciones y Prensa NEPR

787-523-6403

aalejandro@energia.pr.gov

No se puede comentar ya.

Antonio Torres-Miranda is presently an Associate Commissioner for the Energy Bureau of the Puerto Rico Public Service Regulatory Board (Energy Bureau). Previously, Mr. Torres had been the Director of the Legal Advisory Division of the Energy Bureau.

Mr. Torres has a bachelor’s degree in mechanical engineering from the University of Puerto Rico. He also has a master’s degree in engineering management from the Polytechnical University of Puerto Rico. In the 1990’s he passed the exam to be a Certified Energy Manager. He is presently a member of the Puerto Rico Professional College of Engineer and Land Surveyors.

Mr. Torres graduated with honors from the Interamerican University of Puerto Rico where he obtained his Juris Doctor degree. He is presently member of the bar of the Commonwealth of Puerto Rico and is a member of the U.S. District of Puerto Rico Federal bar.

He commenced his engineering work experience with the Department of Defense in a Naval base in Virginia were he designed industrial ventilation systems. He then went to New York to work with Kennetech Energy Management were he first commenced being immersed in the energy sector. He then transferred to Puerto Rico with Kennetech in which he conducted wind studies throughout the island together with U.S. Wind Power. He continued implementation of energy management systems in several industrial companies throughout Puerto Rico until Kennetech joined forces with Enron to develop the first privately owned power plant in Puerto Rico known as EcoElectrica. This 450 MW natural gas power plant included the development of the first LNG terminal in Puerto Rico.

He also worked as a contractor with the Puerto Rico Electric Power Authority in the development of a 42 miles natural gas pipeline.

Before joining the Energy Bureau Mr. Torres developed several natural gas projects in Puerto Rico.

Ferdinand Ramos-Soegaard attained a bachelor’s degree in electrical engineering (BSEE) graduating from the Georgia Institute of Technology in Atlanta, GA in 2000. His degree specialized in power distribution and telecommunications systems.

Mr. Ramos-Soegaard is a licensed professional engineer in the Commonwealth of Puerto Rico and the state of Florida. Throughout his professional carrier Mr. Ramos has been involved in all aspects of the design, construction and maintenance of electrical distribution systems, including high voltage transmission lines and renewable energy interconnections to the Puerto Rico Electric Power Authority subtransmission grid.

Sylvia B. Ugarte Araujo holds a bachelor’s degree in industrial and Systems Engineering from the University of Florida (1998). She studied at the Inter-American University of Puerto Rico School of Law (2004) and then obtained a Master of Laws from the Inter-American University of Puerto Rico (2019). Ms. Ugarte is admitted to the practice of law and notary by the Supreme Court of Puerto Rico (2004), the Federal Court for the District of Puerto Rico, for the First Circuit of Boston (2005), the Court of Appeals of the First Circuit (2005) and the Supreme Court of Texas (2018). She was Director of the Office of Legal Counsel of the Energy Bureau of the Public Service Regulatory Board and the Designated Director of the Office of Legal Counsel of the Public Service Regulatory Board. She has served as Legal Director of the Puerto Rico Infrastructure Financing Authority and has worked with renowned law firms. She has over fifteen (15) years of vast professional experience as a trial attorney with an emphasis on commercial and construction litigation and extensive experience in administrative law. Also, as an industrial engineer she has been a consultant for government agencies in charge of large projects and in private entities.

Lillian Mateo-Santos obtained her Bachelor’s Degree in Business Administration from the University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, in 1993 and a Juris Doctor degree from the University of Puerto Rico School of Law in 1996. In 1999, she obtained a degree of Masters of Laws (LLM) in Environmental and Energy of the Tulane University Law School. Before joining the Puerto Rico Energy Bureau, Ms. Mateo-Santos was a member of various law firms. Her private practice was focused on energy, environmental, land use and permitting matters, including administrative law litigation.

On June 5, 2019, Ms. Mateo-Santos was elected 2nd Vice President of the Southeastern Association of Regulatory Utility Commissioners (SEARUC). She is a member of the American Bar Association and is admitted to practice law and notary law in Puerto Rico, and the United States Court of Appeals for the First Circuit.

Edison Avilés-Deliz obtained his Bachelor of Science in Electrical Engineering with specialties in Power and Control Systems (BSEE) Cum Laude from the University of Puerto Rico, Mayagüez Campus in 1991 and a Juris Doctor (JD) also Cum Laude from the University of Puerto Rico School of Law in 1997. In addition, he holds Master degrees with Distinctions in Diplomacy/International Relations/Business (MA) from Norwich University in Vermont and in Energy Law from Vermont Law School (LLM).

Avilés-Deliz is a licensed engineer and member of the College of Engineers and Surveyors of Puerto Rico (CIAPR). He was president of the Disciplinary and Professional Ethics Tribunal of the CIAPR, of the Institute of Electrical Engineers of CIAPR and of the Society of Electrical Engineers of Puerto Rico. He is admitted to practice as a public notary in Puerto Rico and as a lawyer, both in the District Court of Puerto Rico and the Court of Appeals for the First Federal Circuit.

He is a member of Phi Eta Mu Fraternity, the Engineering Honor Society Tau Beta Pi, and the International Studies Honor Society Sigma Iota Rho. He is also a Senior member of the IEEE.

Antonio Torres-Miranda es actualmente Comisionado Asociado del Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos de Puerto Rico (Negociado de Energía). Anteriormente, el Sr. Torres había sido Director de la División de Asesoría Legal del Negociado de Energía.

El Sr. Torres tiene un bachillerato en ingeniería mecánica de la Universidad de Puerto Rico. También tiene una maestría en administración de ingeniería de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. En la década de 1990 aprobó el examen para ser Gerente de Energía Certificado. Actualmente es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

El Sr. Torres se graduó con honores de la Universidad Interamericana de Puerto Rico donde obtuvo su título de Juris Doctor (JD). Actualmente es miembro del Colegio de Abogados del Estado de Puerto Rico y es miembro del Colegio de Abogados Federal del Distrito de Puerto Rico de los Estados Unidos.

Comenzó su experiencia laboral en ingeniería con el Departamento de Defensa en una base naval en Virginia donde diseñó sistemas de ventilación industrial. Luego se fue a Nueva York para trabajar con Kennetech Energy Management, donde comenzó a sumergirse en el sector energético. Luego se transfirió a Puerto Rico con Kennetech, donde realizó estudios eólicos en toda la isla U.S. Wind Power. Continuó con la implementación de sistemas de administración de energía en varias empresas industriales en todo Puerto Rico hasta que Kennetech unió fuerzas con Enron para desarrollar la primera planta de energía de propiedad privada en Puerto Rico conocida como EcoEléctrica. Esta planta de energía de gas natural de 450 MW incluyó el desarrollo de la primera terminal de GNL en Puerto Rico.

También trabajó como contratista con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en el desarrollo de una tubería de gas natural de 42 millas.

Antes de unirse al Negociado de Energía, el Sr. Torres desarrolló varios proyectos de gas natural en Puerto Rico.

La Lcda. Sylvia B. Ugarte Araujo posee un Bachillerato en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de la Florida (1998). Estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (2004) y luego obtuvo una Maestría en Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (2019). La Lcda. Ugarte está admitida a la práctica de la abogacía y la notaría por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (2004), al Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, al Primer Circuito Federal de Boston (2005), al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito (2005) y al Tribunal Supremo de la jurisdicción del estado de Texas (2018). Fue Directora de la Oficina de Asesoramiento Legal del Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y la Directora Designada de la Oficina de Asesoramiento Legal de la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Ha ejercido como Directora Legal de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico y ha trabajado con bufetes de abogado de renombre. Tiene sobre quince (15) años de vasta experiencia profesional como abogada litigante con énfasis en litigio comercial y construcción y una amplia experiencia en derecho administrativo. Así también, como ingeniera industrial ha sido consultora para agencias gubernamentales encargadas de proyectos de envergadura y en entidades privadas.

Ferdinand A. Ramos-Soegaard obtuvo su Bachillerato en Ciencias en Ingeniería Eléctrica (BSEE, por sus siglas en inglés) del Georgia Institute of Technology en Atlanta, GA en el 2000, con especialidad en sistemas de distribución de potencia y telecomunicaciones.

Ramos-Soegaard es ingeniero licenciado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en el Estado de Florida. A través de su carrera profesional, Ramos-Soegaard ha estado envuelto en todos los aspectos del diseño, construcción y mantenimiento de sistemas de distribución eléctrica, incluyendo líneas de transmisión de alto voltaje e interconexiones de sistemas de energía renovable a la red de subtransmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

Lillian Mateo-Santos obtuvo su Bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en 1993 y el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1996. En 1999 obtuvo una Maestría en Derecho (LLM) en Ambiental y Energía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane. Antes de formar parte del Negociado de Energía de Puerto Rico, la Lic. Mateo-Santos fue miembro de varios bufetes de abogados. Su práctica privada se enfocó en asuntos de energía, ambiental, uso de terrenos y permisos, incluyendo litigación de derecho administrativo.

El 5 de junio de 2019, la Lic. Mateo-Santos fue elegida 2nda Vice Presidenta del Southern Association of Regulatory Utility Commissioners (SEARUC). Es miembro de la American Bar Association y está admitida para ejercer como abogado y notario público en Puerto Rico, y en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito Federal.

Edison Avilés-Deliz obtuvo su bachillerato Cum Laude en Ingeniería Eléctrica con especialidades en Sistemas de Controles y Potencia (BSEE) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez en 1991 y un Juris Doctor (JD) también Cum Laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1997. Además, ostenta maestrías con Distinciones en Diplomacia/Relaciones Internacionales/Negocios (MA) de la Universidad de Norwich en Vermont y en Derecho en Energía de la Universidad de Derecho de Vermont (LLM).

Avilés-Deliz es ingeniero licenciado y miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR). Fue presidente del Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional del CIAPR, del Instituto de Ingenieros Electricistas del CIAPR y de la Sociedad de Ingenieros Electricistas de Puerto Rico. Está admitido para ejercer como notario público en Puerto Rico y como abogado, tanto en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico como el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito Federal.

Pertenece a la fraternidad Phi Eta Mu, a la Sociedad de Honor de Ingeniería Tau Beta Pi, a la Sociedad de Honor de Estudios Internacionales Sigma Iota Rho. También es miembro senior de la IEEE.